Vaya por delante que lo que aquí les cuento lo es desde la perspectiva de un simple oyente y modesto letrado defensor de quienes denuncian las desdichas y calamidades que a diario padecen en sus propias carnes. Pero también lo es con el rigor y experiencia jurídica adquirida en el noble servicio que vengo desempeñando ante las administraciones públicas y los tribunales en busca del justo amparo que precisan todos ellos.
En la actualidad, el lobo (Canis lupus signatus) está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (conocido por su acrónimo LESPRE) que, como tal, es tributario de una estricta conservación en todo nuestro territorio nacional. Lejos queda ya el estatus establecido en la Directiva Hábitats que marcaba el río Duero como límite diferenciador en la tutela del cánido. El lobo no puede ser cazado en los 506.000 km2 que conforman nuestro país.
¿Y al campesino quién le protege?
No es oportuno aquí efectuar un análisis axiológico o valorativo sobre las razones políticas o sociológicas que han promovido tal decisión, pero es innegable que Europa y España han empleado todos sus esfuerzos y recursos en aras a su preservación. Parte de estos fondos han sido canalizados hacia las comunidades autónomas con presencia del cánido y que son competentes en su gestión. Y es precisamente aquí, en la digestión de tan suculento pastel, donde conviene que nos detengamos. ¿Se han empleado convenientemente estos caudales públicos? El Gobierno de España y las comunidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, aprobaron en su día la bautizada como Estrategia para la gestión y conservación del lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural, que ha ido actualizándose sucesivamente. No resulta casual o fortuita la coletilla en la denominación de esta herramienta orientativa, aunque, como se verá, permanece desde su troquelado encerrada con doble llave en el cajón de la indiferencia. En efecto, las administraciones evocan la protección del lobo, pero desatienden la del rural. Sin duda, un brindis al sol para mantener bocas cerradas que tiene su reflejo en un sinfín de despropósitos en los que siempre pierde la misma: la España vaciada, la España saqueada…
Sin ir más lejos, en mi tierra, Castilla-La Mancha, mientras que con una mano se suscribe la Estrategia regional frente a la despoblación y su Gobierno se autoproclama salvador de comarcas como la Sierra Norte de Guadalajara, con la otra se aprieta impávidamente el pescuezo de unos pueblos agonizantes que dan ya sus postreras bocanadas. Sí, al socaire del lobo y su protección, se burlan de quienes, hurtados del pan de sus hijos, alimentan al cánido. A los ganaderos les intentan callar con limosnas que llegan tarde, mal y nunca, mientras que a los titulares de los cotos de caza (muchos de ellos pequeños ayuntamientos cuya subsistencia pende del arrendamiento de este aprovechamiento) les prohíben la práctica de modalidades como las esperas o aguardos de jabalí. ¿Y quién pierde aquí? La misma: la España vaciada, la España saqueada…
¿Es ya demasiado tarde?
Los madrileños llevan años implorando que su Gobierno apruebe un plan de gestión del lobo tendente a compatibilizar la presencia del cánido con el desarrollo de la ganadería extensiva. Quizás, si la Comunidad de Madrid aguarda un poco más, cuando el lobo haya acabado ya con las vacas, ovejas y cabras de su sierra, ello no será necesario. Y a costa una vez más de la de siempre: la España vaciada, la España saqueada… Más al norte, en Galicia, su incompetente Gobierno, por una cuestión política, perdió en el año 2023 unos 4 millones de euros que iban a ser destinados a la concesión de ayudas para prevenir y paliar los daños provocados por el lobo. La fiesta la vuelve a pagar la misma de siempre: la España vaciada, la España saqueada…
Los tribunales de Justicia, incluido el Supremo, ya se han pronunciado. Y lo han hecho de manera contundente: unos pocos no pueden pagar la fiesta de otros muchos. Las administraciones públicas deben indemnizar íntegramente a los perjudicados de todos los daños provocados por el lobo, pues éstos no tienen el deber jurídico de soportarlos. Y no por el valor que éstas han fijado unilateralmente. Las limosnas disfrazadas de ayudas que sus dirigentes han pactado en muchos casos con algunas organizaciones y sindicatos agrarios cómplices de esta injusticia, no son suficientes. Sin embargo, pese a estos pronunciamientos judiciales, la triste realidad a día de hoy es que no ha cesado el obstinado y recalcitrante actuar de unos gobernantes que, bajo el subterfugio de la protección del lobo, continúan empeñados en que esta fiesta la siga pagando la misma de siempre: la España vaciada, la España saqueada.
Jaime Valladolid / Abogado especializado en Derecho Rural y Medioambiental y Periodista