La Asociación ATICA (Asociación de Titulares de Cotos de Guadalajara), presidida por Francisco Plaza Calero, ha trasladado
formalmente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su firme oposición al uso de la aplicación de precinto digital de caza gestionada por una entidad privada, la Fundación Artemisan.
Mediante un escrito presentado el pasado 17 de agosto, ATICA denuncia que el sistema digital implantado para el control de capturas de tórtola en la región recoge datos personales sin garantías adecuadas de protección, siendo gestionados y almacenados fuera del entorno de la Administración pública. En su comunicado, la asociación subraya que “la información recabada se aloja en servidores externos a la Junta, sin conocer su ubicación, condiciones de seguridad ni garantías sobre los derechos de los usuarios”.
Entre los puntos más destacados del documento remitido a la Consejería, ATICA señala:
La exigencia injustificada de datos personales sensibles para el uso de la aplicación, como correo electrónico, teléfono, nombre completo y dirección
postal.
La falta de transparencia sobre cómo la Fundación Artemisan y la empresa responsable del desarrollo de la app tratan y protegen esa información.
La ausencia de garantías de que esos datos no serán cedidos a terceros ajenos a los cotos de caza.
En consecuencia, ATICA solicita que el sistema de precinto digital sea gestionado directamente por la propia Junta, con personal y servidores públicos, para cumplir con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y el Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD).
Desde ATICA, Francisco Plaza reitera que su demanda no se opone al control de capturas ni a la gestión adaptativa de la tórtola, recientemente autorizada por la Comisión Europea tras el levantamiento de la moratoria vigente desde 2021, sino a la falta de garantías en el tratamiento de los datos personales de los cazadores.
ATICA concluye solicitando a la Junta el desarrollo de una aplicación propia que sustituya a la actual y garantice un control totalmente público del sistema, mientras se depuran responsabilidades sobre la cesión de datos y la posible vulneración de derechos fundamentales.