Desde ATICA mostramos nuestra profunda preocupación ante la intención del Ministerio de Infancia de prohibir la asistencia de menores a actividades en las que se ejerza violencia contra los animales, una medida que, de aplicarse a la caza, supondría un duro golpe para el sector cinegético y para el mundo rural.
En una comunidad autónoma como Castilla La Mancha, la caza no es solo una actividad legal y regulada, sino una tradición profundamente arraigada, ligada a la gestión del territorio, al equilibrio medioambiental y a la transmisión de valores entre generaciones. Impedir que los menores acompañen a sus padres o familiares al campo rompe el relevo generacional y pone en serio riesgo la continuidad de la actividad cinegética.
Desde ATICA defendemos y fomentamos una enseñanza responsable de la caza desde edades tempranas, basada en el respeto a la naturaleza, la seguridad y la convivencia. El primer contacto de los jóvenes con el campo suele ser siempre desde un papel educativo y observador, nunca desde la práctica directa, aprendiendo normas básicas, comportamiento responsable y conocimiento del entorno rural.
Un ejemplo de este compromiso es la jornada organizada por ATICA el próximo domingo 8, con una cacería formativa para padres e hijos en Mazarete (Guadalajara). Este tipo de iniciativas buscan precisamente educar, concienciar y transmitir valores positivos asociados a la actividad cinegética, demostrando que la presencia de menores en el campo, bajo supervisión adulta, es una oportunidad de aprendizaje y no un riesgo.
Rechazamos que se intente justificar una prohibición generalizada alegando supuestos riesgos físicos o emocionales para los menores sin aportar datos objetivos ni estudios científicos que lo respalden. Durante décadas, generaciones enteras han crecido en contacto con la caza sin que ello haya supuesto perjuicio alguno, siempre desde la responsabilidad y el control de los adultos.
Además, esta iniciativa supone una intromisión directa en el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus valores y tradiciones. Criminalizar la caza y señalar a quienes la practican de forma legal y respetuosa no protege a la infancia, sino que profundiza la brecha entre las políticas públicas y la realidad del medio rural.
Desde ATICA reclamamos diálogo, rigor y sentido común. Las decisiones que afectan al futuro del mundo rural, a la gestión del territorio y a miles de familias no pueden tomarse desde planteamientos ideológicos ni de espaldas a quienes viven el campo cada día. Una prohibición de este tipo tendría consecuencias irreversibles para la caza y para la vida rural en nuestra provincia.